¿Qué son los Derechos Fundamentales?

Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad.

La Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas un catálogo de derechos ubicados en el Artículo 19 de la carta fundamental, más otros implícitos en todo el texto constitucional.

De esta forma, la Carta Magna garantiza a todos los ciudadanos de la República:

  • El derecho a la vida y a la integridad física y psiquica de la persona.
  • La igualdad ante la Ley
  • La igual protección ante la Ley en el ejercicio de sus derechos.
  • El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia.
  • La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
  • La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
  • El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
  • El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
  • El derecho a la protección de la salud.
  • El derecho a la educación.
  • La libertad de enseñanza, incluyendo el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
  • La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.
  • El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
  • El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
  • El derecho de asociarse sin permiso previo.
  • La libertad de trabajo y su protección.
  • La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.
  • El derecho a la seguridad social.
  • El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.
  • La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
  • El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
  • La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
  • La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.
  • El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
  • La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
  • La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Para que estos derechos sean verdaderamente efectivos, el Artículo 26 señala al respecto que “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o se limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. También, la Constitución en sus artículos 20 y 21 establece instrumentos procesales o acciones constitucionales destinadas a hacer efectivos judicialmente los derechos que la constitución garantiza. Estos recursos son el Recurso de Protección (art. 20) y Recurso de Amparo (art. 21). El segundo ve los asuntos relacionados con la Libertad personal y el Debido Proceso, y el primero el resto de los derechos que el art. 20 menciona, pudiendo la persona o cualquiera en su nombre recurrir a la corte de apelaciones respectiva para interponer la acción.

También encontramos referencia a los derechos fundamentales, especialmente a aquellos que provienen de tratados internacionales sobre Derechos Humanos en el artículo 5. Esto genera discusiones en la Doctrina con respecto a si los Tratados de Derechos Humanos tienen jerarquía legal, supralegal, constitucional o supraconstitucional, pues limitan el ejercicio mismo de la Soberanía.