¿Cómo se compone el Estado chileno?

La República de Chile es un Estado unitario, democrático y presidencialista, conformado por diversas instituciones autónomas insertas en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado. La administración del Estado es funcional y territorialmente descentralizada y desconcentrada.

Aprobada en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, la Constitución Política de la República de Chile ha regido el país desde el 11 de marzo de 1981. A partir de 1989, ha sido reformada en dieciocho oportunidades.

El poder ejecutivo o, más propiamente, el gobierno y la administración pública, están encabezados por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Según la Constitución, el presidente permanece en el ejercicio de sus funciones por un término de 4 años y no puede ser reelegido para el periodo siguiente.

El presidente de la República designa a los ministros de Estado, quienes son sus colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y administración del Estado y funcionarios de su exclusiva confianza.

El gobierno de cada región reside en el intendente, quien es nombrado por el presidente y es su representante natural e inmediato en dicho territorio, manteniéndose en sus funciones mientras cuente con su confianza. La administración regional corresponde a los gobiernos regionales, conformados por el respectivo intendente y un consejo regional, integrado por consejeros, electos por votación popular por periodos de 4 años. A su vez, el gobierno de cada provincia está a cargo del gobernador, designado y removido libremente por el presidente. Por su parte, la administración local corresponde a las municipalidades, compuestas por un alcalde y un concejo comunal, electos por votación popular por periodos de 4 años.

El poder legislativo reside tanto en el presidente de la República —en calidad de colegislador— como en el Congreso Nacional, con sede en Valparaíso, de carácter bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados elegidos por votación popular. El Senado está formado por 38 senadores que permanecen en el cargo por 8 años con la posibilidad de ser reelectos en sus respectivas circunscripciones, las que eligen dos senadores en cada elección; cada 4 años se renueva la mitad de la plantilla de senadores en las elecciones parlamentarias regulares. La Cámara de Diputados está formada por 120 miembros que permanecen 4 años en el cargo y también pueden ser reelectos en sus respectivos distritos, los que eligen dos diputados en cada elección, en que se renueva la totalidad de la cámara.

Para las elecciones parlamentarias, se ha utilizado desde 1989 el sistema binominal, instaurado por la Constitución de 1980, lo que ha permitido el establecimiento de dos bloques políticos mayoritarios a expensas de la exclusión de grupos políticos no mayoritarios. Los opositores de este sistema aprobaron en enero de 2015 un sistema electoral proporcional moderado que regirá a partir de las elecciones parlamentarias de 2017.

El poder judicial, constituido por tribunales autónomos e independientes que ejercen la función jurisdiccional, tiene a la Corte Suprema de Justicia como su máxima instancia, cortes de apelaciones en cada región y tribunales inferiores de competencia común y especializados a lo largo del país. Además, existe un Ministerio Público autónomo y jerarquizado, que dirige en forma exclusiva la investigación criminal y ejerce la acción penal pública.

El Tribunal Constitucional, autónomo e independiente, tiene el control de constitucionalidad de los proyectos de ley y de los autos acordados, decretos y leyes. Asimismo, la autónoma Contraloría General de la República ejerce el control de legalidad de los actos de la administración pública y fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos.

El Tribunal Calificador de Elecciones y dieciséis tribunales electorales regionales son los encargados de la calificación de las elecciones y de resolver las reclamaciones electorales, mientras que el Servicio Electoral se encarga de la organización de los procesos electorales y de la administración del registro electoral y del registro de los partidos políticos.